La obligatoriedad de contar con un certificado energético para vender o alquilar una vivienda ha destapado una bolsa de negocio por explotar que ha degenerado en una guerra de precios al mejor postor y en una picaresca creciente. La primera salta a simple vista con una sencilla búsqueda en Internet: hay webs que ofrecen certificados en Madrid a 45 euros más IVA. Incluso los hay por 35 euros. El nivel de engaño va desde técnicos que hacen chanchullos para vender más hasta particulares o inmobiliarias que cambian con Photoshop la letra de la calificación.
Hay profesionales que realizan certificados a distancia sin visitar la vivienda, y lo que es peor, sin tener seguro de responsabilidad civil, y propietarios que publicitan la venta de su inmueble sin exhibir la requerida etiqueta energética. La paradoja es que, por el precio irrisorio de una certificación, los técnicos se enfrentan a sanciones severas en caso de cometer fraude.
Y las multas ya están empezando a llegar. Madrid puso la primera el pasado diciembre, siete meses después de la entrada en vigor del decreto ley que regula el certificado. Y lo hizo con mano firme: 4.000 euros por una infracción muy grave: el técnico otorgó una A, la máxima calificación, a una casa que en realidad era de clase C —la más baja es una G—.
Desde junio, la Comunidad de Madrid ha recibido 115.850 certificados de edificios existentes, nuevos y en proyecto, y tiene abiertos 113 expedientes de control. Pero pocos dudan de que haya más casos flagrantes. Con el historial del parque residencial español: la mayoría de los edificios construidos desde finales de los sesenta y hasta la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación en 2006 carecen de sistemas de aislamiento y ahorro de energía, esto nos lleva a que la tipología A-B-C suponga solo un 5% de los certificados. Se estima que puede haber unos 350.000 certificados registrados en España.
En teoría, las tarifas establecidas en noviembre de 2013 para la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio deberían servir como referencia —184,34 euros sin IVA para inmuebles de hasta 80 metros cuadrados—, pero en la práctica no es así.Con la guerra de precios todos salen perdiendo. Por un lado, el exceso de competencia, las plataformas de subastas y la situación económica están llevando a trabajar por precios más bajos de los esperados, lo que merma la calidad del certificado. Por otro, las entidades financieras y los grandes patrimonialistas tienen volumen para fijar el precio. Además, las tasas aplicadas por la mayoría de comunidades (Madrid es de las pocas que no las cobra) más el IVA pueden llegar a duplicar lo cobrado por el técnico.